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Plantea ley infantil multas a medios

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Reforma – Claudia Guerrero y Érika Hernández – 25.09.2014, 09:04

El Senado propuso sancionar con más de 4 millones de pesos a los concesionarios de radio y televisión y a directores de medios impresos que afecten o impidan el desarrollo integral de los menores y realicen apología del delito.

De acuerdo con el anteproyecto de dictamen de la Ley de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, distribuido este miércoles, esa misma sanción podría aplicar a los concesionarios de radio y televisión por la difusión o transmisión de información, imágenes o audios que afecten o que impidan el desarrollo integral de los niños.

El castigo procederá contra quienes violen la intimidad personal o familiar de los menores y también contra los medios de comunicación que realizan entrevistas a niños o las difunden sin la autorización del tutor o de quien ostenta la patria potestad.

Se considera como una violación a la intimidad difundir imágenes, nombres, datos personales o referencias que permitan identificar a un menor.

Se establece que cuando los medios incurran en este tipo de violaciones se les podría imponer una multa adicional de casi 500 mil pesos diarios por cada día que se difundan o se encuentren disponibles en medios electrónicos la información, datos, imágenes, audio, noticias o historias.

En el anteproyecto se confirma lo anunciado el domingo por los senadores de todos los partidos, en el sentido de que se eliminará el capítulo propuesto por el Ejecutivo para castigar con cárcel y más de 18 millones de pesos a los medios de comunicación que incurrieran en alguna violación a las disposiciones que están por aprobarse.

La propuesta detalla que las leyes estatales deberán establecer las infracciones y sanciones que aplicarán en su competencia.

En el documento se indica que las procuradurías de protección, dependientes del DIF, podrán promover la imposición de sanciones a los medios, además de acciones colectivas, ante órganos jurisdiccionales.

El segundo mecanismo tendrá como finalidad solicitar a los medios que se abstengan de difundir contenidos que pongan en riesgo la vida, integridad, dignidad y otros derechos de los niños.

El texto original sólo consideraba la difusión de contenidos que atentaran contra el interés superior en la niñez lo que a la vista de los legisladores resulta poco certero.

 

Medidas contra el bullying

Quienes laboren en establecimientos educativos, deportivos y culturales, y propicien, toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, acoso, agresión, daño, intimidación, violencia o maltrato también podrían hacerse acreedores de una multa de más de 4 millones de pesos.

Por otro lado, se contempla una sanción de poco más de 100 mil pesos a los funcionarios que, conociendo de la violación de algún derecho, se abstengan de denunciarlo.

Ese mismo castigo será para los servidores públicos federales que propicien toleren o se abstengan de impedir cualquier tipo de abuso, daño, intimidación, violencia o maltrato.

La sanción pecuniaria aplicará cuando se difundan datos personales de los menores relacionados con procedimientos penales o de quienes sean objeto de medidas de tratamiento, rehabilitación o asistencia.

Según el anteproyecto, se consideran infracciones la difusión de imágenes y de voz de los niños cuando pongan en peligro la vida, integridad, dignidad o vulneren el ejercicio de los derechos de los menores.

Lo mismo ocurrirá con la difusión de las imágenes, la voz y los datos que propician o tiendan a su discriminación, criminalización o estigmatización.

De acuerdo con los senadores, cualquier persona podrá presentar un denuncia ante el Sistema Nacional DIF.

El anteproyecto contempla que apliquen sanciones a las personas responsables de centros de asistencia social, personal docente o servidores públicos que realicen promuevan, propicien, toleren o no denuncien actos de acoso o violencia escolar.

En el apartado de infracciones se advierte que los trabajadores sociales o psicólogos que intervengan en los procedimientos de adopción deberán contar con autorización del Sistema Nacional DIF, ya que de lo contrario, incurrirían en una violación a la ley.

Las personas profesionales a las que les sea revocada la autorización, serán inhabilitadas y boletinadas en todo el País.

Vía Mediatelecom